Registrar con suficiente detalle para poder transformar
El registro compartido documenta 1,604 unidades, con información de marca y año modelo. La base permite conocer la composición y antigüedad del parque antes de diseñar incentivos o pilotos.
Una línea base para reconocer, regular y acelerar una transición energética justa del transporte popular —con énfasis en vehículos de dos y tres ruedas y aprendizajes del segmento de autobuses eléctricos.
Autora: Fernanda Rivera · GNPT — Global Network for Popular Transportation
Corte de información: julio de 2026 · Presentación para autoridades · Iniciativa Leapfrogging (9 países)
populartransport.net
Un sistema de escala nacional, no un fenómeno menor: sostiene diariamente la movilidad de periferias urbanas y cientos de localidades rurales.
México no parte de cero en tecnología —tiene fabricantes, red eléctrica y organizaciones con décadas de experiencia— pero el segmento queda fuera de los instrumentos que le darían registro, seguro, crédito y reconocimiento.
No existe un padrón federal de vehículos de dos y tres ruedas. Los censos estatales usan definiciones distintas: cuentan vehículos, permisos, personas u organizaciones.
Una misma modalidad puede estar prohibida en una entidad, tolerada en otra o integrada formalmente. Las atribuciones sobre servicio y territorio son estatales y municipales.
Los cuatro instrumentos federales de electromovilidad concentran su apoyo en autobuses y vehículos privados. Mototaxis, ciclotaxis y bicitaxis quedan subsumidos o ausentes.
La diversidad permite adaptar el servicio al territorio, pero la ausencia de registros homogéneos dificulta su dimensionamiento, homologación, mantenimiento y electrificación.
El VMRC permite construir el único panorama nacional comparable del transporte colectivo de servicio público.
93,432 de ~276,000 aparecen en censos, registros o estimaciones oficiales subnacionales.
La ausencia estadística no significa ausencia del servicio; revela una brecha de clasificación y registro.
El registro habilita seguros, crédito, incentivos y compras públicas; la invisibilidad estadística se vuelve exclusión financiera.
El registro compartido documenta 1,604 unidades, con información de marca y año modelo. La base permite conocer la composición y antigüedad del parque antes de diseñar incentivos o pilotos.
El sistema registra ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis, junto con información de personas propietarias, organizaciones, bases, unidades y operadores.
El mapa permite contrastar la presencia territorial de los mototaxis con el registro oficial del transporte colectivo concesionado, para mostrar cómo conviven ambos universos en el territorio.
Mapa interactivo: selecciona una entidad, cambia entre mototaxis y transporte concesionado y usa los controles de zoom para explorar el detalle.
El transporte popular conecta hogares con escuelas, empleos, mercados, salud y otros destinos cotidianos allí donde los sistemas estructurados no llegan o no responden a viajes locales.
En Xochimilco, la evidencia muestra que mujeres cuidadoras utilizan microbuses, mototaxis y ciclotaxis porque se adaptan a viajes cortos, concatenados y sensibles al tiempo. La confianza con personas operadoras y comunidades también forma parte del valor del servicio.
CDMX, Jalisco, Yucatán, Nuevo León y Estado de México muestran que la transición puede articular flota, patios, contratos y financiamiento. Quintana Roo agrega una nueva dimensión: MOBI Chetumal plantea un sistema totalmente eléctrico con autobuses Taruk de fabricación nacional.
Se concentra en autobuses, trolebuses y sistemas integrados: flotas consolidadas, patios, contratos y acceso a financiamiento.
El siguiente reto es llevar esos instrumentos al transporte concesionado individual y a los vehículos de dos y tres ruedas, donde la escala, la propiedad y los ingresos son distintos.
El transporte representa alrededor del 23 % de las emisiones nacionales. Es la razón de fondo para acelerar la transición, pero no el indicador principal del avance del sector.
La electrificación avanza sobre bases institucionales muy distintas. Los sistemas estructurados parten de flotas identificadas, patios, contratos y acceso a financiamiento; los vehículos de 2 y 3 ruedas todavía enfrentan barreras de entrada que deben resolverse para hacer posible su transición.
Autobús eléctrico mexicano desarrollado por Megaflux y DINA. Muestra que México ya cuenta con capacidades industriales, fabricantes e integración tecnológica para avanzar en la electrificación de flotas estructuradas.
Plataforma nacional para vehículos eléctricos pequeños, orientada a movilidad personal, movilidad de barrio y logística de última milla. Ayuda a visualizar el tipo de ecosistema que todavía falta construir para el transporte popular de 2 y 3 ruedas.
La transición del transporte popular requiere cerrar brechas regulatorias que hoy afectan la trazabilidad del sector, la autorización del servicio y la seguridad de las unidades. Estos cuatro componentes concentran los habilitadores más inmediatos para avanzar hacia la electrificación.
Licencia, identificación, capacitación y condiciones para quien conduce.
Censos, padrones y trazabilidad de unidades, personas y organizaciones.
Modalidad autorizada, tarifas, horarios, rutas, bases y polígonos de operación.
Norma técnica, homologación, antigüedad, frenos, luces y equipo de seguridad.
Puede ser el catalizador para abrir un mercado nacional de vehículos eléctricos ligeros. Su valor para el transporte popular no es convertirse en la única solución, sino reducir barreras de entrada, activar capacidades industriales y generar aprendizaje para un ecosistema más amplio y multimarca.
La diversidad creciente de soluciones —nacionales, importadas, híbridas, eléctricas y retrofit— vuelve cada vez más relevante contar con referencias técnicas claras y comparables. Las NOMs y otros instrumentos aplicables pueden dar certidumbre a la oferta y facilitar homologación, registro, seguro y financiamiento, sin cerrar el mercado a una sola tecnología o marca.
Estas experiencias muestran que la tecnología ya es viable en servicios de proximidad, aunque todavía falta una política de escala para el universo de mototaxis.
Olinia puede ordenar y acelerar el mercado, pero la evidencia disponible confirma que el ecosistema debe ser abierto y comparativo.
La presencia de configuraciones importadas refuerza la necesidad de una regulación técnica común, basada en desempeño y seguridad, no en el país de origen ni en una marca específica.
Hoy existen instrumentos, proyectos y decisiones de política pública que pueden abrir mercado, ordenar el segmento y acelerar su electrificación. Presentarlos junto con el desglose de acciones ayuda a ver la secuencia completa.
Incorporar explícitamente a los vehículos de 2 y 3 ruedas requiere ajustar y reformar la ENAMOV para que el segmento quede reconocido dentro de la política nacional.
Incorporar explícitamente al transporte popular de 2 y 3 ruedas en la ENME y vincular su electrificación con la NDC 3.0, para integrarlo de lleno en la agenda climática y de descarbonización del transporte.
Articular los instrumentos técnicos relevantes para la oferta —vehículos, baterías, seguridad, desempeño, emisiones e interoperabilidad— de modo que el mercado pueda crecer con criterios comunes y comparables.
Proyecto ancla que puede abrir mercado, atraer oferta y acelerar aprendizaje industrial, sin cerrarlo a una sola solución.
Estas son las acciones que conviene activar primero para abrir mercado, generar evidencia y convertir la electrificación del transporte popular en una política pública viable.
La escala del transporte popular empieza por un cambio político y regulatorio: reconocer el segmento. A partir de ahí, la ruta se vuelve más clara: construir registro, probar con evidencia comparable, activar financiamiento y después escalar.
Hoy la línea base, la oferta emergente y la ventana regulatoria indican que el proceso ya entró a la fase de reconocimiento y necesita pasar con rapidez a registro y prueba. El reto es convertir evidencia dispersa en una ruta de implementación comparable.
Incorporar el segmento en la agenda pública, climática y regulatoria.
Construir padrones, línea base y trazabilidad de unidades, personas y organizaciones.
Desplegar pilotos multimarca con medición técnica, climática y operativa común.
Activar crédito, garantías, seguro y acompañamiento para organizaciones operadoras.
Consolidar un mercado abierto bajo reglas comunes y capacidad de implementación.
La hoja de ruta se entiende mejor cuando se distinguen responsabilidades. La escala nacional crea el marco; los estados habilitan la implementación; los municipios aterrizan la operación; y las organizaciones operadoras sostienen el servicio, los pilotos y el mantenimiento cotidiano.
La NDC 3.0 ya coloca al transporte entre los sectores de mitigación y plantea la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica como un instrumento para transformar el transporte público, modernizar las unidades e impulsar sistemas más sostenibles e inclusivos. La oportunidad es hacer explícito dentro de esa ruta al transporte popular de 2 y 3 ruedas y generar desde el inicio la información necesaria para medir su contribución.
Incluir explícitamente a los vehículos de 2 y 3 ruedas de pasajeros dentro de la ENME, reconociendo su papel en la movilidad de barrio y orientando su transición hacia soluciones de bajas emisiones que mantengan un acceso equitativo, seguro y asequible. El tratamiento del segmento puede incorporar criterios de transición justa, carga distribuida, diversidad tecnológica y participación de las organizaciones operadoras.
Vincular pilotos y programas de electrificación con los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y los modelos de información abierta de la NDC 3.0. El marco común puede medir consumo energético, GEI y carbono negro evitados, kilómetros, ocupación, autonomía, carga, desempeño de batería y co-beneficios sociales, con información comparable entre estados y municipios.
A partir de la línea base y del trabajo de la red, podemos aportar de manera puntual al proceso que ya conduce SEMARNAT, sin duplicar esfuerzos ni crear instrumentos paralelos.
La línea base México y la serie Leapfrogging pueden servir como insumo técnico para las mesas de la ENME, aportando tipología, flota estimada, condiciones de operación, oferta tecnológica y brechas para electrificar vehículos de 2 y 3 ruedas.
Compartir una síntesis de temas que la evidencia ya abre para SEMARNAT: cómo incorporar el segmento en la ENME, cómo leer su contribución climática y qué información conviene priorizar para una siguiente fase de trabajo.
Acercar ejemplos de otros países sobre cómo se están midiendo vehículos de 2 y 3 ruedas: operación, consumo energético, emisiones, batería, carga, desempeño en territorio y co-beneficios sociales.
Facilitar el diálogo con organizaciones y personas operadoras para contrastar propuestas, identificar condiciones reales de operación y recoger retroalimentación desde el territorio.
Esta sección sintetiza los pendientes concretos que deja el borrador final. Son los frentes que todavía deben resolverse para pasar de la evidencia y los pilotos a una política escalable, justa y viable.
Autonomía con pasajeros, kWh/km, pendientes, frenado, degradación, refacciones y desempeño real en operación.
Resguardo, capacidad de transformadores, potencia disponible, tarifa y combinaciones vivienda–base–hub.
Ingreso neto, renta, deuda, seguro, mantenimiento y propiedad de la unidad al final del financiamiento.
Permisos, polígonos, bases, coordinación con organizaciones operadoras y supervisión territorial.
Entender con mayor claridad el rol de las mujeres —como usuarias, cuidadoras y también operadoras— y cómo estos vehículos resuelven viajes de cuidado, proximidad y tiempo.
Métodos portables de conteo, registro de flota y monitoreo del servicio para comparar, aprender y ajustar.
Las experiencias ya existentes muestran que la electrificación no parte de cero. El reto es escalar sin perder las características que sostienen los viajes cotidianos y sin dejar fuera a quienes hoy operan el servicio.
El transporte popular ya mueve al país. La oportunidad es electrificarlo sin perder lo que funciona y sin dejar fuera a quienes lo operan.